Las normas de propiedad intelectual permiten utilizar obras protegidas en el contexto de actividades educacionales. Sin embargo, no se puede distribuir ese material a los estudiantes, por ejemplo, enviarlo a sus correos o permitir su descarga, salvo que la obra sea de dominio común, es decir, no se encuentre protegida.

Hay que recordar que no es necesario registrar o inscribir una obra para que esté protegida, pues la inscripción constituye prueba de autoría. De esta manera, no todo lo que encuentro en internet es libre; es responsabilidad de quien utiliza la obra determinar si está protegida para compartirla o si sólo puede usarla en virtud de alguna excepción como, por ejemplo, para fines educacionales.

En el caso de las universidades públicas, las instituciones son titulares del derecho patrimonial de autor respecto de las obras producidas por funcionarios. El docente conserva el derecho moral, que implica que debe ser reconocida su autoría, pero la universidad puede utilizarla, cederla y difundirla. También pueden ser incluidos estos materiales en los repositorios digitales institucionales o el titular de derecho, en el caso del rector, puede liberarlas para que formen parte del Patrimonio Cultural Común (obras de dominio público que pueden ser utilizadas libremente).

Los materiales producidos en el desempeño del cargo de docente de la UV pertenecen a la Universidad y ésta puede distribuirlos. La alternativa para evitar que las personas ajenas a la Universidad como institución lo diseminen es no permitir su descarga o usar algún tipo de bloqueo.

Las clases dictadas en instituciones educacionales podrán ser anotadas o recogidas en cualquier forma por aquellos a quienes van dirigidas, pero no podrán ser publicadas, total o parcialmente, sin autorización de sus autores.